Reclamo a Cancillería para que intervenga por la abogada argentina retenida en Brasil
La presentación solicita que el Estado argentino formule un reclamo diplomático por el caso de Agostina Páez, a quien la Justicia brasileña le retuvo el pasaporte y le impuso una tobillera electrónica sin condena firme
La Fundación Apolo presentó un reclamo administrativo ante la Cancillería Argentina para que el Estado formule un reclamo diplomático en favor de Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años que permanece en Brasil con restricciones a su libertad ambulatoria tras haber sido imputada por el delito de injuria racial, en un episodio ocurrido durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según consta en la presentación, Páez fue detenida luego de un incidente en un bar del barrio de Ipanema, originado a partir de un desacuerdo por el cobro de una cuenta. Tras una discusión con empleados del local, la abogada fue acusada de realizar gestos considerados ofensivos, lo que derivó en una imputación penal, la retención de su pasaporte y la imposición de un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a la Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo sostiene que la respuesta del sistema penal brasileño resulta manifiestamente desproporcionada y no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En particular, advierte que la medida restrictiva fue adoptada sin sentencia firme, sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas y sin considerar la condición de mujer y de extranjera de la imputada, lo que configura una situación de especial vulnerabilidad.
La Fundación Apolo remarca que existen registros fílmicos que muestran que, previo a la reacción de Páez, uno de los empleados del establecimiento realizó gestos obscenos dirigidos hacia ella y su acompañante, conducta que —según la presentación— no fue debidamente ponderada por las autoridades. En ese sentido, se sostiene que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su posterior reacción fue descontextualizada, invirtiéndose indebidamente los roles de víctima y victimaria.
El escrito invoca normas del derecho internacional que obligan al Estado argentino a proteger a sus ciudadanos en el exterior, entre ellas la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, y subraya que la Cancillería se encuentra habilitada para intervenir cuando un nacional es sometido a una persecución penal que no supera los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso. Asimismo, cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
La presentación también cuestiona el uso del caso por parte de fuerzas de seguridad brasileñas con fines de “ejemplaridad”, al difundir imágenes y mensajes en redes sociales oficiales que, según la Fundación, refuerzan una lógica de estigmatización y “mano dura” incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
En su petitorio, Apolo solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y, de corresponder, formule un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas, permitir el regreso de Páez a la Argentina y garantizar el pleno respeto de sus derechos fundamentales mientras se sustancia el proceso judicial.
Como antecedente de este tipo de intervenciones, la Fundación Apolo recordó su actuación durante la pandemia de COVID-19, cuando promovió acciones administrativas y judiciales para destrabar la situación de ciudadanos argentinos que habían quedado varados en el paso fronterizo de Paso de los Libres. Aquella presentación permitió que las autoridades habilitaran el regreso de decenas de personas a sus hogares, en un contexto de cierre de fronteras y restricciones sanitarias.
