Las deudas en la educación media

La expansión de la escolarización secundaria es un logro de las últimas décadas. Pero persiste un importante deterioro en trayectorias, aprendizajes y en la desigualdad socioeconómica y territorial. Alrededor de un 20% egresa en modalidades para adultos o programas como el FinES.

La educación secundaria es una de las principales formas de integración social para la juventud, pero también una de las herramientas para desempeñarse exitosamente en el mercado laboral y mitigar los mecanismos que reproducen la desigualdad. Si bien en Argentina la matrícula creció en la última década, aún es un desafío lograr su universalidad, hacer frente al abandono escolar y dar continuidad a políticas que favorezcan la calidad y equidad del sistema educativo, especialmente en la gestión estatal. Porque queremos resaltar el valor de la educación, desde Fundación COLSECOR te proponemos hablar de los avances y las deudas de la educación media en nuestro país.

La agenda pública de este mes tiene dos objetivos: por un lado, concientizar sobre la importancia de transitar por la educación secundaria y la necesidad de contar con datos confiables sobre cuántos estudiantes acceden, cómo lo hacen y en qué términos egresan. El otro propósito es acercar herramientas para que más jóvenes y personas adultas puedan terminar el secundario, teniendo en cuenta que la credencial educativa cumple un rol fundamental en la etapa laboral y social.

El panorama actual

La educación secundaria en Argentina se encuadra bajo tres leyes nacionales: la Ley de Educación Nacional (LEN) N° 26.206, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnico Profesional. Respecto de la estructura del nivel, desde el año 2006, Argentina tiene escuela secundaria obligatoria por primera vez en la historia. Así, la LEN marcó un hito al comprometer a cada gobierno a orientar los recursos necesarios para garantizar que todos los adolescentes y jóvenes accedan a la escuela secundaria. Según datos del Observatorio Argentinos por la Educación, entre 2001 y 2022, la matrícula aumentó un 12% y la cantidad de egresados de las escuelas secundarias para adultos creció un 128%. Los datos oficiales sobre el periodo 2023 todavía no fueron difundidos por Nación.

Desde la CIPPEC analizaron que solo dos de cada diez estudiantes que ingresan al nivel primario llegan al último año de la secundaria en el tiempo teórico esperado. A su vez, siete de cada diez jóvenes obtienen el título secundario. Más allá de las trayectorias, es importante observar los aprendizajes: en ese caso, tanto las evaluaciones internacionales como las nacionales evidencian un déficit marcado de habilidades fundamentales en Lengua y Matemática. En secundaria, el último dato oficial disponible surge de las pruebas Aprender 2022, que muestran que 4 de cada 10 adolescentes escolarizados no alcanzan un nivel satisfactorio en Lengua, y 8 de cada 10 en Matemática. Si se pone el foco en la gestión estatal, el desempeño es más preocupante: 50,5% en Lengua y 88,4% en Matemática.

La desigualdad es un factor que incide en el acceso, pero especialmente en las trayectorias y aprendizajes. Mientras que casi el 90% de los jóvenes de entre 18 y 24 años de más altos ingresos finalizó sus estudios, entre sus pares más pobres sólo lo hizo el 47%. Las posibilidades de que interrumpan su recorrido escolar aumenta en las familias de los niveles socioeconómicos (NSE) más bajos y algo similar ocurre en los desempeños académicos: en esos sectores, la prueba Aprender 2022 arrojó que en Lengua el 33,8% se encuentra por debajo del nivel básico, y el 24,8% en el nivel básico, mientras que en el sector NSE Medio ese porcentaje es del 21% y 19,7% respectivamente, y en el NSE más alto 12,5% y 12,6%. En Matemática, se observa que los estudiantes de NSE Bajo se agrupan mayoritariamente en los niveles “Por debajo del nivel básico” (69,7%) y “Básico” (24%). Para los estudiantes de NSE Medio estas cifras son menores: el 50,8% en el nivel “Por debajo del nivel básico” y el 32,4% en el “Básico”. En tanto, en el sector más alto se da 27,4% y 32,8%, respectivamente. El punto positivo es que, en todos los niveles, se logró mejorar lo logrado en 2021, y se volvió a los niveles pre-pandemia. Ese año, todas las provincias, sin excepción, habían empeorado los resultados durante el tránsito por la virtualidad, especialmente en la asignatura de Lengua.

Las desigualdades educativas se expresan también en el territorio. La proporción de estudiantes con bajo rendimiento en las pruebas de Matemática y Lengua es muy distante entre la jurisdicción más rica del país (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) a la de una de las provincias más pobres (Chaco).

En CABA, en la asignatura de Matemática, durante la evaluación Aprender 2022, el 62,8% de los estudiantes se ubicó en los niveles de bajo desempeño (Por debajo del nivel básico y básico). En Lengua el 29,2% de los estudiantes se ubicó en los niveles de bajo desempeño. En Chaco, se ubicó en el nivel más bajo el 92,7% en Matemática y el 58,1% en Lengua. Vale mencionar que la variación más importante se dio en el caso de CABA en la asignatura Matemática, ya que respecto a las pruebas 2019, hubo un descenso de aprendizaje de 11,4 puntos.

Como sea, los resultados siguen estando muy por encima a los de la provincia del norte, lo cual confirma estudios previos a nivel cualitativo que dan cuenta de un escenario persistente: la clave territorial es una dimensión relevante en Argentina para entender las diferencias provinciales en el nivel educativo de la población, vinculadas con los desiguales niveles de desarrollo social y económico. Los datos censales fueron extraídos del informe Aprender 2022 Nivel Secundario, que puede descargarse por nivel socioeconómico y por jurisdicción (todavía no se encuentra publicado Aprender 2023 en el nivel medio).

Los jóvenes, sin embargo, valoran ciertos aspectos del sistema educativo argentino. Al menos así lo manifiesta el estudio cualitativo sobre juventudes, realizado el año pasado por la Fundación COLSECOR. Las entrevistas indagaron en muchos de los aspectos de la vida de jóvenes de entre 17 y 25 años, que viven en localidades pequeñas e intermedias del país, con el objetivo de conocer sobre sus hábitos, intereses y percepciones. En cuanto a las preguntas vinculadas con la educación media y futura, uno de los patrones que se destaca entre quienes están en los últimos años de la secundaria (17 a 19 años) es la valoración positiva que los jóvenes hicieron de las instituciones y docentes al momento de acompañarlos en la difícil decisión de elegir carrera universitaria. Reconocen que fue esencial la información y guía que les brindaron en ese tramo. Así, en la mayoría de los casos prevalece la decisión tomada sobre la carrera a seguir, y si bien hay diversidad en las disciplinas que eligen, hay un alto predominio de elección de carreras relacionadas con la tecnología virtual (ingeniería en sistemas, diseño gráfico, ciencias de la computación, tecnicatura en programación).

Las dudas y la incertidumbre entre las y los jóvenes se refieren más bien a otros aspectos, a nivel macro, como el escenario económico del país, específicamente los recursos que pueden llegar a necesitar para estudiar lo que más les gusta, cuando arranquen la otra etapa: el recorrido terciario/universitario y la posibilidad de que muchos tengan que mudarse de ciudad para poder estudiar. A su vez, la elección de carrera no tiene sólo que ver con las posibilidades económicas para poder solventarla, sino también con elecciones deliberadas de carreras que imaginan redituables. De allí el éxito de las carreras de sistemas/informática (sobre todo como proyecto del segmento 17-19 años).

Secundario para personas adultas

Entre 2001 y 2022, la cantidad de egresados de las escuelas secundarias para jóvenes y adultos creció un 128%. Uno de cada cinco egresados (19,7%) termina la escuela en esta modalidad, por no haber podido concluir la escuela común. La matrícula de jóvenes y personas adultas creció un 12%, acompañando la expansión de este nivel educativo en todo el país. Los datos surgen del informe “Terminalidad extendida: secundaria de jóvenes y adultos”, del Observatorio de Argentinos por la Educación (OAE). Más del 90% de los jóvenes y adultos que cursan en esta modalidad asisten a escuelas de gestión estatal.

A lo largo de estos años, también se dio una progresiva feminización, tanto en la matrícula como en el egreso: las mujeres representan el 53% del alumnado. En cuanto a la edad, 7 de cada 10 estudiantes (71%) tienen menos de 29 años y un 13% de la matrícula tiene más de 40 años”, señala el informe del OAE.

En nuestro país hay cada vez más acuerdo respecto de la necesidad de que las nuevas generaciones puedan completar el ciclo educativo medio. Esto se refleja tanto en las leyes y normas sancionadas en la última década, como en las políticas orientadas a terminar la escuela para quienes, por diferentes razones, fueron excluidos previamente del sistema educativo. En 2008, el Consejo Federal de Educación del Ministerio de Educación implementó, mediante acuerdo con las provincias, el Plan FinES, con una premisa de partida: la educación es un derecho universal. El Plan dispone las herramientas tanto para finalizar la primaria como la secundaria.

El plan FinES se organiza del siguiente modo: mientras que las jurisdicciones son las encargadas de disponer los espacios edilicios para el funcionamiento del plan, convocar y designar a los docentes a cargo y expedir los títulos correspondientes, la cartera educativa nacional debe financiar los sueldos de los docentes involucrados, las capacitaciones, los materiales pedagógicos y las campañas de difusión.

Como señalan especialistas en educación, políticas como el plan FinES, aunque con sus deudas en términos de aprendizajes, y con matices según las provincias, es una herramienta que, además de la posibilidad de culminar el ciclo educativo, trasciende la misma práctica escolar y se convierte en una red de integración socioeducativa para jóvenes y personas adultas.

Sin embargo, qué pasará con FinES en esta nueva gestión es una incógnita y una preocupación para las provincias. En la actualidad, aún no está abierta la inscripción para el periodo del 2025, tal como se venía haciendo en años anteriores, cuando la apertura se hacía con un año de antelación (entre los meses de enero y marzo). Un dato poco alentador se vincula con el presupuesto general para la Secretaría de Educación (ex Ministerio), que recibirá el 5,34% de los recursos nacionales en 2024. Esto implica una caída con respecto al 6,02% asignado en 2023.

La educación, una obligación del Estado

En un contexto de persistentes desigualdades sociales y económicas como las que vive nuestro país, la valoración que el Estado haga como responsable del financiamiento educativo no es menor y puede mitigar sus efectos o ir hacia un escenario de mayores inequidades y precarización. Actualmente, la falta de respuestas del gobierno nacional a los reclamos docentes genera un estado de incertidumbre, no sólo sobre el conjunto de maestros y maestras que ven cómo se licúan sus ingresos, sino sobre la comunidad educativa en general. Una reducción en el presupuesto educativo impactará en todas sus facetas: desmejoramiento de la infraestructura edilicia, escasez de equipamiento didáctico, reducción de capacitaciones, condiciones laborales de los docentes, desfinanciamiento en planes educativos.

Por otro lado, está estudiado que las políticas que se requieren en contextos como el nuestro no alcanzan con que sean sólo educativas. La situación de vulnerabilidad en que se encuentran los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trayectorias escolares discontinuas, inconclusas y con resultados deficientes, no se explica sólo por razones escolares ni se resuelve únicamente con intervenciones educativas. El desafío más difícil es romper la situación de pobreza, desigualdad y exclusión social en que vive la mayoría de las personas, situación en la que, por lo general y a nivel mundial, los niños se encuentran entre los más perjudicados y vulnerados. Argentina no es una excepción: casi el 62% de niños y adolescentes es pobre, según los datos brindados por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

En ese punto, hay un dilema que se debate desde hace tiempo en el acceso y trayectoria educativa: la opción entre priorizar oportunidades y derechos individuales frente a los derechos sociales de aspiración igualitaria. Lamentablemente, en el escenario político actual se destacan, desde diferentes sectores, un discurso que alienta lo primero, es decir, los derechos individuales. Como señala un estudio del CIPPEC, “el sistema educativo moderno, vigente aún hoy, se fundamentó sobre el principio de la igualdad en el acceso y en el trato de los alumnos, rompiendo con sus desigualdades de origen en estos aspectos. Este modelo se completó con el principio de la meritocracia, que establece que ante esa igualdad de oportunidades cada cual logrará diferentes resultados según su esfuerzo y sus capacidades. Así, la educación consagró una ‘desigualdad justa’, basada en la ficción de que los individuos son sujetos sin historia previa”.

La sociología crítica de la educación demostró que la educación meritocrática reproducía desigualdades de origen, y eso definía las diferencias en los resultados. En suma, las estrategias para transformar y mejorar el sistema educativo no deberían desentenderse de las diversidades que habitan las aulas, con alumnos con diferente capital económico, social y cultural. Mejor que partir de la idea de igualdad es la búsqueda de la equidad educativa.