Zona fría al rojo vivo
La quita de subsidios al gas en zonas frías anticipa fuertes aumentos tarifarios y mayor presión sobre los hogares.
Por Fabián Medina (Economista)
Esta semana tuvimos en la Cámara de Diputados la media sanción que elimina el subsidio al gas en zonas frías en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis y otras más. Olvidándose de que en esas provincias hay chicos y niñas con serios problemas de alimentación y que se van a dormir agarrándose el estómago porque no tienen para comer. El frío va a generar que se enfermen, lo que puede ser terrible, porque también eliminaron virtualmente el Plan Remediar al bajar de 79 principios activos a 3 hace cerca de 10 días para seguir “ahorrando” con la salud el monto de $50 millones dentro del decreto que terminó recortando $2,5 billones o también podemos establecer US$1.800 millones.
Con la media sanción del miércoles pasado, posibilitada por gobernadores como Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y muchos diputados de la Córdoba de Martín Llaryora —menos Natalia de la Sota, que votó en contra—, se quitan de las boletas de gas descuentos del 30% y 50% sobre el valor de las mismas, tal como se explica en la imagen que viene a continuación.
Esta es la más cruda realidad de lo que va a pasar desde el mes de agosto próximo en gran parte de nuestro país, por lo cual quienes en este mes de mayo pagaron montos de $25.000 y $35.000 con descuentos del 50% y 30%, respectivamente, van a pasar a pagar el monto final de $50.000. Por lo cual, el aumento de las tarifas de gas va a ser del 100% y 42% para cada uno de ellos sobre los magros salarios e ingresos que hoy poseemos, que somos cerca del 55% de la población.
El impacto social de la quita de subsidios
Si bien desde hace mucho se deben modificar las mediciones estadísticas, tal como ahora exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Staff Report del jueves luego de aprobar la última revisión del 31 de enero pasado, debemos entender que nuestra sociedad, desde la vuelta de la democracia el 10 de diciembre de 1983 a la fecha, siempre tuvo cerca de un 30% de pobreza —aunque por momentos arribó al 26% durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK)—, excepto desde cuando los datos de ingresos medios establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se encuentran tan disociados de los datos de pobreza del mismo organismo técnico.
Solo los últimos marcan un 28,3% de pobreza, mientras que los ingresos medios de la población se establecen en $1.250.000 aproximadamente. A lo cual debemos decir que es el valor promedio de los afiliados al mayor sindicato del país con ingresos registrados y con 8 horas de labor, que no es ni más ni menos que el de Comercio. Ese valor, según el mismísimo INDEC, se ubica entre el 5º y 6º decil estadístico o, traduciéndolo más en castellano básico de barrio, en el 55% de la población que trabaja. Por ende, el nivel de pobreza está duplicando el dato del indicador establecido por el mismo organismo estadístico, tal como se muestra en el gráfico que se expone a continuación.
O sea, con esto estamos definiendo que aproximadamente el 40% de la clase media ya cayó a la clase baja/pobre en estos últimos 2 años. Pero hay que ser realistas: este proceso se inició entre 2016 y 2019, llevando del 30% al 40% la clase baja/pobre, y entre 2019 y 2023 se estabilizó; mientras que desde 2024 ese proceso se agudizó, pasando del 40% al 55%.
Ley de Inocencia Fiscal y reunión en Economía
El jueves 21 de mayo al mediodía, el ministro de Economía junto al director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) invitó a comer a un grupo de contadores públicos que están muy activos en las redes sociales. Si bien tenemos los nombres de quienes estuvieron, no los vamos a dar a conocer para no revelar la fuente, y fueron consultados sobre por qué no recomiendan la Ley de Inocencia Fiscal. La respuesta fue muy dura y contundente: “¿Cómo vamos a recomendarles a los clientes que se incorporen a una ley que un próximo gobierno puede derogar para normalizar la relación con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en normativa antilavado de activos y queden expuestos a condenas por evasión fiscal más lavado de activos?”.
A lo cual la respuesta fue: “Mientras nosotros estemos eso no va a suceder”. Ante la pregunta de los expertos sobre el incumplimiento de la promesa de no aplicación inmediata de las multas automáticas por no presentación, la respuesta fue que en ARCA van a ver cómo lo solucionan. O sea, solo se quedan en pedidos y en incumplimientos de promesas, pero lo único que se llevaron de esa reunión fue que los vencimientos de las declaraciones juradas de Bienes Personales y todo el sistema de Ganancias —del cual salen las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios del Gobierno— se iban a trasladar al 27 de julio próximo en lugar del 11 al 13 de junio, fechas en las que vencían. Lo cual quedó demostrado el viernes en el Boletín Oficial con la publicación de la Resolución General 5851/2026.
FMI, reservas y presión sobre el tipo de cambio
El jueves a última hora se aprobó en el Fondo Monetario Internacional (FMI) la revisión correspondiente al 31 de enero de este año y se dispuso que se giren al país los US$1.050 millones que se establecían y debían haber llegado para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) del 15 al 20 de febrero pasado. Aunque en el Staff Report elaborado por el organismo multilateral se exige la liberación del tipo de cambio y la eliminación definitiva del cepo cambiario para las empresas, lo cual el miércoles pasado el presidente del BCRA comunicó sobre esos mismos temas que no iban a realizarse porque el país está expuesto a una corrida cambiaria y/o bancaria en el momento en que lo realicen desde el exterior/interior.
Hoy esas cosas ya no les importan porque ya consiguieron los dólares necesarios para los pagos con el recorte del presupuesto a la salud pública de hace dos semanas atrás por US$1.800 millones, de los cuales US$819 millones son para pagarle a Estados Unidos el vencimiento del mes pasado al FMI que realizaron por nuestro país y la diferencia para terminar de reunir los US$4.300 millones de pago a los bonistas del 9 de julio próximo.
