La Constitución del 94, a 30 años ejemplo de consenso

El histórico acuerdo incorporó derechos y cambios que fortalecieron la democracia. Sellado por todo el arco político en 1994, parte de su espíritu hoy se encuentra en debate.

Este año se cumplen 30 años de la sanción de la reforma de la Constitución Nacional Argentina. Desde la Fundación COLSECOR reflexionamos sobre aquel amplio consenso, fundamental para consolidar la democracia argentina luego de años de inestabilidad política. Sin embargo, no todos los cambios se han aplicado plenamente, y algunos principios están en riesgo hoy debido a las políticas públicas y discursos de intolerancia.

Sancionada el 22 de agosto de 1994, fue el resultado de un largo proceso de debate y acuerdos, que involucró a todas las fuerzas políticas del país, incluyendo los dos partidos mayoritarios (Unión Cívica Radical y Partido Justicialista), así como diversas agrupaciones provinciales y minoritarias. Nunca se habían reunido todo los resortes político-partidarios en aras de una reforma tan relevante como es la Constitución Nacional.

Contexto y necesidad

La carta magna de 1853 había sido modificada en varias ocasiones, pero los cambios sociales y políticos de las décadas anteriores hicieron evidente la necesidad de una actualización más profunda. El país enfrentaba una crisis política e institucional y la reforma constitucional se veía como una herramienta para modernizar el Estado, ampliar los derechos humanos y consolidar la pacificación interna.

Uno de los momentos más recordados de 1994 es el “Pacto de Olivos” entre el presidente Carlos Menem y el expresidente Raúl Alfonsín, que permitió la reforma a cambio de concesiones, como la reelección presidencial, uno de los puntos más polémicas y criticados. Lo cierto es que ese acuerdo incluyó la creación de una serie de nuevas instituciones y derechos que mejoraron el marco democrático, secuela que con los años se volvió más significativa. Algunos de los principales puntos, con impacto en lo jurídico-legal, pero también en términos de normas sociales, son:

Defensa de derechos humanos y ampliación de derechos

Uno de los logros más significativos fue la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional. Argentina se convirtió en un referente en la protección de derechos, al otorgar jerarquía constitucional a tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo.

Así lo explica en una nota de la agencia universitaria Unciencia la investigadora Julieta Cena, del Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (Idejus), de la UNC y Conicet: “si bien lo que estaba en juego era la reelección y el período presidencial, la reforma permitió la negociación de otros temas y abrió la posibilidad de actualizar muchas cuestiones relegadas en las versiones anteriores”.

De ese modo, se incorporó una serie de derechos nunca antes redactados. “El derecho a la vida o a la salud no estaban nombrados. Esto porque la Constitución de 1853 era una constitución de corte liberal, entonces sí está el derecho a la libertad, la igualdad formal, la propiedad privada”, agrega Cena. 

Otra novedad fue la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Argentina fue el primer país del mundo en otorgarle jerarquía constitucional a esa Convención de Naciones Unidas. También se añadió en su artículo 37º “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios”, convirtiéndose en la antesala, por ejemplo, de la Ley de Cupo ((Ley 24.012). Claro que la acción y lucha de los activismos empujaron esa normativa.

¿Se podría señalar que todos los derechos se aplican plenamente treinta años después de su sanción? La represión de protestas y la criminalización de movimientos sociales han generado críticas de organismos de derechos humanos, como las que realizaron desde la ONU hacia el gobierno de Javier Milei por dejar en la desprotección a los sectores más vulnerables, privar de derechos a mujeres y diversidades e impedir el acceso a la justicia. Estas acciones contradicen los principios constitucionales que garantizan el derecho a la manifestación pacífica, por ejemplo.

Modernización institucional

La reforma de 1994 también tuvo impacto en el diseño institucional del país: se buscó disminuir el poder del Poder Judicial con la creación del Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. También se introdujeron cambios en el sistema de sanción de leyes, la forma de elección para el cargo presidencial y los periodos (se pasó de 6 a 4 años). “Con esta sucesión de modificaciones que sólo parecían de forma, se asomaban muchas cuestiones de fondo, una declaración de principios”, señala Cena.

Por otro lado, se incorporó el cargo de jefe de Gabinete y limitaciones como las circunstancias especiales en las que un presidente debe dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Sin embargo, no logró barrer con el carácter hiperpresidencialista que tiene Argentina, como sociedad. Eugenio Zaffaroni sostiene que el sistema presidencialista está agotado y es una deuda “debatir seriamente y lejos de las urgencias circunstanciales, si efectivamente el presidencialismo es el mejor sistema o si, acaso, no sería mejor el parlamentarismo”.

Coparticipación federal

Como sostiene la Fundación COLSECOR, “el federalismo implica desconcentración de personas y capitales, más comunidad y una mayor igualdad de oportunidades. De este modo, el federalismo representa un proyecto de país que es coherente con el cooperativismo, que siembra y preserva las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible en todo el territorio nacional”.

Lo cierto es que el federalismo fue reforzado en la reforma con la promesa de un nuevo régimen de coparticipación de impuestos, destinado a equilibrar los recursos entre la Nación y las provincias. Sin embargo, esta reforma aún no se completó, lo que ha generado tensiones entre los diferentes gobiernos nacionales y provinciales. La falta de una ley que regule la coparticipación es una deuda que persiste desde 1994 y, como señala Alberto Dalla Vía, abogado por la UBA y Doctor en Derecho Constitucional, “sin desmerecer el inconmensurable valor jurídico y político que tuvo la reforma constitucional, es posible sostener que, en estos temas específicos, todavía quedan debates pendientes e inconclusos”.

Pacificación nacional 

Argentina necesitaba fortalecer la paz interna y asegurar que nunca más el país retornara a episodios de violencia institucional o autoritarismo. En ese sentido, la reforma ha sido un aporte esencial para la consolidación de la democracia. ¿Cómo extender ese logro a la actualidad? Sobre todo, en un momento en que los discursos de intolerancia avizoran una oportunidad fértil para profundizar en el debilitamiento de las instituciones con causas colectivas.

Ampliación del debate democrático

No sobra resaltar una y otra vez que la convocatoria a una Convención Constituyente fue una expresión de pluralidad, de sumatoria de voces, ya que participaron todas las fuerzas políticas, desde los partidos mayoritarios hasta los minoritarios y provinciales, como explica Dalla Vía en este informe de la UCA. Este debate no solo enriqueció el proceso constituyente, sino que sirvió de manifestación de diálogo democrático en tiempos de diferencias ideológicas.

Treinta años después, es crucial recuperar el texto y el contexto que dio lugar a la reforma de 1994. En un escenario marcado por crisis económica y política, la pérdida de derechos sociales y la desconfianza en las instituciones, la defensa del consenso y el dialogo democrático es más importante que nunca. Y en ese punto, desde la Fundación COLSECOR reivindicamos los principios esenciales de aquel consenso, para fortalecer la democracia y garantizar la protección de los derechos humanos frente a los retrocesos que pueden ocasionar lesiones a la democracia.